Salud en Casa.- Frente a la denuncia publicada por Salud con Lupa, que revela que la Municipalidad Metropolitana de Lima adjudicó un contrato por cinco millones de soles al Consorcio San José María, una empresa constituida apenas doce días antes de obtener la buena pro y sin experiencia previa en el rubro alimentario, para la distribución de sangre de pollo refrigerada a ollas comunes, especialistas expresaron su preocupación, pues no solo existirían irregularidades en la adquisición, sino que madres de ollas comunes han manifestado su malestar por la calidad del producto y denuncian que este se encuentra en mal estado.
“Nos alarmaría profundamente que alimentos tan relevantes para la nutrición de la población más vulnerable, como la sangrecita, fuente clave de proteínas y hierro necesarios para prevenir la anemia, pudieran no estar en condiciones óptimas de consumo, ya que esto estaría generando preocupación y rechazo entre las lideresas de las ollas comunes, quienes se han hecho responsables de velar por la alimentación de sus comunidades y podrían perder la confianza en los alimentos distribuidos por el Estado”, señaló Jessica Huamán, coordinadora de la Plataforma por la Seguridad Alimentaria del Perú y especialista en nutrición pública y seguridad alimentaria.
Por su parte, Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes, expresó su profunda preocupación por estos hechos que podrían poner en riesgo la salud de las poblaciones más vulnerables. “Es indignante que se utilicen recursos públicos sin transparencia ni los controles mínimos que exige la ley, es muy grave que la sangrecita haya llegado en malas condiciones, lo cual atentaría directamente contra la salud de miles de personas que dependen de nuestras ollas comunes para subsistir”, añadió.
Huamán explicó que esta alerta se emite en un contexto en el que la Defensoría del Pueblo ha expuesto un informe titulado La Seguridad Alimentaria en el Perú: Comedores del PCA y Ollas Comunes. “La Defensoría del Pueblo ha emitido un reciente informe sobre la realidad alimentaria de cientos de ollas comunes, revelando que, de 445 ollas comunes evaluadas a nivel nacional, en 169 se identificó que los productos entregados se encontraban en estado regular y en 9 en malas condiciones, lo que refleja problemas en la calidad de los productos o insumos distribuidos. Son datos preocupantes que podrían agravarse si no se toman medidas urgentes”, subrayó.
Por su parte, Palomino expresó la indignación de las madres de ollas comunes: “Nos preocupa que este patrón pueda repetirse en diferentes municipalidades, poniendo en riesgo a las ollas comunes. Cualquier irregularidad en los programas de abastecimiento alimentario vulnera el derecho a la alimentación, no podemos permitir que las necesidades básicas de la población se conviertan en espacios para negocios irregulares o intereses políticos.”
Finalmente, Huamán reafirmó su compromiso de “mantenerse vigilante para que se adopten las medidas correctivas necesarias y para asegurar el derecho de todas las peruanas y peruanos a una alimentación segura, adecuada y digna”.